Columna de Magdalena Balcells González, presidenta del Directorio de Empresa Portuaria Iquique
Durante décadas, los puertos fueron concebidos como simples infraestructuras de tránsito: espacios funcionales donde los buques arribaban, descargaban y seguían su curso. Esa mirada hoy resulta claramente insuficiente.
Las instalaciones portuarias han evolucionado hacia algo mucho más relevante. Ya no son solo puntos de transferencia de carga, sino verdaderas plataformas de desarrollo estratégico para las regiones donde se emplazan. No solo movilizan toneladas: generan empleo, dinamizan cadenas productivas, atraen inversión y agregan valor a las cargas que circulan por ellas. Son, en definitiva, motores de desarrollo y actores centrales de la actividad económica.
Este cambio de paradigma no es teórico. En Iquique lo hemos experimentado de forma concreta. El récord histórico de más de 3,5 millones de toneladas transferidas en 2025, el desarrollo del nodo logístico Huantajaya en Alto Hospicio y la planificación del nuevo ciclo concesional que proyectará al puerto por los próximos 30 años, dan cuenta de una convicción clara: el Puerto de Iquique no es solo una terminal, sino un eje estructurante del crecimiento de Tarapacá y una pieza clave del sistema logístico de la macrozona.
Asumir ese rol exige una visión acorde a su verdadera dimensión. Y es precisamente ahí donde Chile enfrenta una brecha relevante: la dimensión logística aún no está integrada de manera sistémica en nuestra institucionalidad. Hoy no contamos con un organismo que articule la logística del país con una mirada estratégica, coordinada y de largo plazo.
Podría suponerse que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está llamado a cumplir esa función. Sin embargo, la gestión logística requiere una aproximación más integral, que incorpore conocimiento territorial, capacidad de anticipar la evolución de las cargas y una planificación robusta de la infraestructura necesaria. A esto se suman variables críticas —como el corredor bioceánico vial, la apertura de la ley de cabotaje o los efectos del cambio climático— que redefinen rutas, flujos y oportunidades.
Existe, por tanto, una deuda pendiente. Abordarla no es un asunto técnico menor, sino una condición habilitante para que nuestros puertos —y las regiones que los albergan— puedan responder con inteligencia y oportunidad a los desafíos.
Desde Iquique, esa convicción guía cada una de nuestras decisiones, siempre con la mirada puesta en el largo plazo de un puerto que ha sido, y seguirá siendo, parte esencial del desarrollo del norte de Chile.
