La Ley N.º 19.542, de 1997, es el hito más relevante en la modernización del sistema portuario chileno que transformó a EMPORCHI en un sistema descentralizado de 10 empresas portuarias estatales autónomas. La tramitación de esta ley estuvo marcada por tensiones estructurales que permiten comprender los desafíos actuales del sector.
Primero, el rol del Estado en la provisión de infraestructura estratégica. Mientras el Ejecutivo promovía al sector privado para mejorar eficiencia e inversión, una parte del Congreso manifestaba preocupación por la pérdida de control estatal. Esto dio lugar a un diseño híbrido, donde el Estado mantiene la propiedad de los puertos, pero delega su operación a privados mediante licitación pública.
En un segundo eje, la sustitución de EMPORCHI por diez empresas portuarias implicó una descentralización que introdujo riesgos de fragmentación y coordinación. La ley no estableció una autoridad portuaria nacional con capacidad de planificación estratégica. Asimismo, la ante la eventualidad de posibles concentraciones de mercado, se reguló el otorgamiento de concesiones, para asegurar transparencia y competencia.
También, la ley abordó la relación entre puertos y ciudades reconociendo externalidades de la actividad portuaria, pero sin incorporar instrumentos para gestionar el impacto urbano, ambiental y territorial, lo que ha derivado en conflictos en las ciudades puerto.
A 29 años de su promulgación, es posible afirmar que la Ley 19.542 cumplió parcialmente sus objetivos. Incrementó la inversión privada, mejoró la eficiencia y fortaleció la competitividad del sistema portuario chileno a nivel internacional. Sin embargo, dejó problemas sin resolver. Entre estos, la persistencia de conflictos laborales, la fragmentación institucional del sistema, la débil integración de la infraestructura portuaria con la cadena logística, y asimetrías regulatorias entre puertos públicos y privados, las cuales continúan afectando la coordinación y la eficiencia del sistema portuario.
En un escenario marcado por el vencimiento de concesiones y por nuevas exigencias en sostenibilidad, modernización y seguridad, el sistema portuario chileno enfrenta un nuevo ciclo de transformación. Sin embargo, la ausencia de una reforma integral evidencia una brecha entre las demandas contemporáneas y el marco normativo vigente, que continúa basado en el diseño de 1997. Estos desafíos constituyen la prolongación de tensiones no resueltas en su momento y el desafío no radica en actualizar la normativa, sino en abordar los elementos estructurales que condicionan el desarrollo del sistema portuario: gobernanza, competencia, trabajo, integración logística y relación territorial.
